Protestas en uno de los canales intervenidos por el gobierno ecuatoriano, Gamavisión.

El oficialismo ecuatoriano, en medio de una rara polvareda, se ha sacado hoy un as de la manga, tras echar el cerrojo a futuras reformas de la Constitución. La aparición de un polémico "artículo 31" despoja de dicha potestad a los legisladores y la deja en manos del presidente de la República o de la iniciativa popular.

El inefable Rafael Correa no traiciona el modus operandi desplegado hasta ahora: utilizar los mecanismos de la democracia para volverla más débil. Después de atacar furibundamente lo que él ha llamado "partidocracia" y supuestamente fomentar la aparición de movimientos ciudadanos, ahora pretende despojar del estatus legar a los partidos o movimientos que no reciban el 5% del voto. Es decir, sólo podrán entrar al juego los actualmente poderosos, una estupidez que busca repartirse el botín electoral de la mejor manera posible: impidiendo una oportunidad al resto.

Ahora, el presidente blinda el modo de reformar la Carta Magna, un "candado constitucional", según sus opositores.

Lo que más preocupa es el grado de desconocimiento de los ecuatorianos sobre el documento que deberán votar el próximo 28 de septiembre. Sería pedirles demasiado. Los propios asambleístas están estupefactos con el maratón de aprobaciones de los últimos días. Las propuestas de la oposición ni siquiera se han debatido. La nueva Constitución lleva meses redactada en las oficinas del gobierno y el debate ha sido una farsa.

Según el diario El Comercio, el 99% de los ecuatorianos desconoce su contenido, pero las probabilidades de que sea aprobada es alta. La intervención gubernamental de los canales de televisiones TC-Televisión, Gamavisión y Cable Noticias (CN3), entre otros medios de comunicación, increíblemente ha disparado la popularidad de Correa, y la intención de voto favorable crece.

El orgasmo se avecina.

Alberto Acosta, al centro

El presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, ha dejado en la estacada al mandatario Rafael Correa: decidió dimitir porque no cree que en un mes el organismo pueda entregar la nueva Carta Magna.

Acosta no es un santo y ha liderado las tropelías gubernamentales para imponer un articulado peligrosamente estrafalario; pero sabe que las prisas por vender el asunto comprometen todavía más la calidad del debate y no quiere quedar en la historia como el jefe del desastre.

Según el diario ecuatoriano La Hora, en estos momentos la Asamblea trabaja "a razón de aprobar una treintena de artículos por día, sin mucha discusión y, lo peor, sin dar cabida a observaciones y enmiendas que, razonándolas y sopesándolas con cuidado, sin dudas podrían enriquecerlos".

Analistas creen que la Asamblea aprobará la reelección presidencial consecutiva, con perdón incluido para los dos años que Correa lleva en el poder; es decir, al más puro estilo Chávez, el presidente procura arrancar de cero con dos períodos más por delante. Y, después, quién sabe qué otra maraña se le ocurra. De lograrlo, sería una de sus grandes promesas incumplidas.

El segundo asalto se manifiesta en un nuevo tribunal, la Corte Constitucional, cuyos miembros el oficialismo quiere elegirlos en el seno de la Asamblea (el gobierno tiene una mayoría aplastante), y no por el sistema de oposiciones y méritos al que se comprometió Correa en campaña electoral. Más claro ni el agua: Alianza País seleccionará a dedo a los nuevos mandamases de la justicia ecuatoriana. Sin comentarios.

El tercer asalto, para no agotar todo lo que da de sí la Asamblea ecuatoriana, decreta el nocaut de la democracia. Recuerdo el empeño con que el candidato presidencial Rafael Correa defendió los movimientos ciudadanos y la cruzada que desplegó contra lo que llamó "partidocracia". Cuando le entrevisté en Madrid en 2005, me ratificó esta idea más de una vez. Ahora el inquino de Carondelet dice que para mantener un partido en la legalidad hará falta el 5% de las votos del censo.

Una copia del borrador oficialista de Constitución dice lo siguiente: "El Consejo Nacional de Elecciones reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en las elecciones para elegir diputados nacionales. Las perderán si no consiguen ese porcentaje de votación en las siguientes elecciones".

Estupendo. El defensor de los movimientos populares alternativos, de la democracia participativa, ahora busca ilegalizar a los pequeños grupos que le estorben, por el mero hecho de no alcanzar el 5% en las legislativas. ¿Qué le importa a Correa el número de partidos minoritarios que existan? Pues sí, le importa mucho. Neutralizado el conflictivo movimiento indígena y los pequeños movimientos de izquierda, no hay más opción —frente a la derecha— que la gubernamental Alianza País. En resumen, pretende robarles, a punta de ley, la oportunidad a los más débiles. Ver para creer.

El secretario general de INTERPOL, Ronald Kenneth, informó en rueda de prensa en Bogotá que los archivos de la computadora de 'Raúl Reyes' NO fueron alterados por el Gobierno de Colombia.

Según el funcionario, en la evaluación de los archivos participaron 64 miembros de la entidad, provenientes de 15 países, que invirtieron 5 mil horas de trabajo desde el 4 de marzo pasado. Kenetth reconoció que hubo acceso directo (de las autoridades colombianas), pero para tener acceso y descargar el contenido, no para modificarlo, informa el diario El Tiempo.

Dos expertos en informática forense fueron quienes tuvieron acceso a los computadores en Colombia, ninguno de ellos hablaba español, procedían de Australia y Singapur, lo que, según Kenneth, garantizaba su imparcialidad.

Ecuador le resta validez

La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, restó validez al informe que la Policía Internacional (Interpol) presentó hoy en Bogotá sobre los ordenadores que Colombia asegura haber rescatado del campamento de las FARC atacado el pasado 1 de marzo, según EFE.

La canciller aseguró que 'no se garantizó la cadena de custodia de esas computadoras que, supuestamente, fueron encontradas en el campamento de las FARC en nuestro territorio cuando se produjo el bombardeo por parte de Colombia'.

Chávez califica el informe de "show de payasos"

Hugo Chávez calificó como un "show de payasos" el informe que la INTERPOL hizo público sobre los resultados de la investigación realizada a las computadoras incautadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se mofó de la acción que llevó a cabo el ejército colombiano cuando llevó a cabo el operativo en el que además falleció el cabecilla Raúl Reyes, reporta El Universal.

Chávez dijo a la periodista que planteó la pregunta sobre el informe, que él respondía sobre temas serios. Le manifestó que "otra cosa son los shows" y que la prensa, en su mayoría, "trabaja para los show".

"Ustedes son víctimas de la dictadura mediática. La mayoría trabaja para esa dictadura. Le trabajan. Y esa dictadura vive de show en show, por eso no me extraña que la primera pregunta sea sobre un show de payasos, que no merece ni un comentario serio", dijo Chávez.

Mientras tanto, una computadora gigante apodada "Uribush" se encendió hoy en una plaza de Caracas, como mofa a las denuncias de Bogotá y Washington sobre los vínculos económicos entre Chávez y las FARC. Decenas de curiosos y grupos de teatro se congregaban en torno al enorme aparato en respaldo a Chávez, quien denuncia que el "narcogobierno" de su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, montó un tinglado con el respaldo de Estados Unidos para decir que entregó dinero y ofreció armas a la guerrilla, reseñó Reuters.

La pregunta es ¿qué debe hacer Bogotá tras el informe de INTERPOL?

A menos de 72 horas de que la INTERPOL dictamine si el contenido de los ordenadores del terrorista colombiano Raúl Reyes es o no verdadero, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tomado, temerariamente, partido por uno de los contendientes.

Lo ha hecho, además, utilizando sus maneras más lapidarias, al estilo de aquel "Merkel es una fracasada", días antes de que la actual canciller alemana ganara las elecciones; o de aquella lamentable decisión de no levantarse ante el paso de la bandera norteamericana, en un acto oficial, confundiendo puerilmente el significado de la enseña con las políticas equivocadas del gobierno de Bush.

Al recibir al presidente ecuatoriano en La Moncloa, Zapatero dio su "confianza" a Rafael Correa y afirmó que "nunca" ha escuchado ninguna denuncia por parte de Colombia que vincule a Ecuador con la guerrilla de las FARC.

¿Quién asesora al presidente español en asuntos de política exterior? ¿En qué situación quedará si el jueves la INTERPOL certifica la veracidad de los documentos que incriminan a Correa?

En casos como el de marras, no hace falta ser tan expresivo. La ambigüedad, en política internacional, a veces es el camino menos empedrado. España no tiene por qué revelar sus cartas, justamente antes de que una entidad solvente y carente de agenda política, como la INTERPOL, presente sus conclusiones. Incluso después, sea cual fuere el resultado, el papel de Madrid debe estar sobre lo discreto.

Este presidente español, que con su política social progresista nos ha regalado muchas alegrías a los que vivimos aquí, tiene un grave problema de comunicación —y de concepto— en sus relaciones con el mundo.

La Asamblea Constituyente de Ecuador, encargada de redactar una nueva Carta Magna, va demostrando su audacia en materia de demoliciones.

El denominado Mandato 8 prohíbe casi en su totalidad la "tercerización", es decir, las subcontrataciones en varios supuestos. Un golpe en toda regla contra el funcionamiento del capitalismo más simple.

Hablar sobre economía a veces es tedioso, pero inevitable. Cuando se intenta defender al trabajador desde posiciones monopólicas de Estado, el resultado es previsiblemente desastroso. Con defensores así no se necesitan enemigos.

El asunto de las subcontrataciones es polémico. En algunos países las empresas abusan tanto de las mismas que finalmente el empleado recibe un salario miserable, con escasísimas protecciones y seguros, y peor estabilidad, simplemente porque el dinero "se pierde" en el camino. Recursos monetarios que, muchas veces, las grandes empresas prefieren ahorrarse en asuntos de prestaciones y seguridad social.

En España, hace poco más de un año, fueron famosos los casos de subcontrataciones —de hasta tres niveles— para el soterramiento de la más famosa circunvalación (la M-30) de Madrid. Las empresas ganadoras de la concesión contrataron a otras, y éstas a la vez a otras más. No para labores complementarias precisamente, sino para la principal objeto de la licitación. ¿El resultado? Un obrero-final mal pagado y puteado.

Para no buscar soluciones justas e intermedias, favorables a todas las partes, la Constituyente ecuatoriana elimina de tajo la "tercerización" sin tener en cuenta las pérdidas que la medida ocasionará a muchas empresas. Supuestamente intentando proteger a los obreros, Quito está propiciando un clima de abaratamiento masivo de costes por parte de las patronales, cuyo aspecto más terrible será la caída en picada de la generación de empleo.

Una disposición transitoria del Mandato 8 permite, sin embargo, subcontrataciones en tareas de "vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, siempre que sean ajenas a la actividad principal de la usuaria". ¿Qué futuro les espera a las agencias de trabajo temporal?

Lo más preocupante es lo de siempre, cuestión de leyes y de trampas: el Estado ecuatoriano se reserva derechos que, en lo adelante, prohíbe a sociedades privadas. La disposición general primera establece la gracia para "empresas del sector estratégico público". Papá Estado, la mayor concentración de recursos materiales y humanos, sí puede tercerizar sin problemas, crear ejércitos de subcontratados para engordar la administración, fomentar el clientelismo y pagar favores.

De momento, los analistas hablan del varapalo que significa el mandato constituyente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el alma del tejido empresarial de cualquier país, precisamente por su dinamismo en la generación de empleo a nivel local.

Lo que hoy pasa en Ecuador, de la mano del inefable Rafael Correa, recuerda, salvando las distancias, los avatares de mi querida ciudad natal, Santiago, en los primeros años ochenta, cuando las autoridades quisieron remediar la mala calidad del prú oriental de la manera más radical posible: eliminando la popular y refrescante bebida.